Una vez más, el PRI, PAN, PRD y uno que otro diputado que se siente de Movimiento Ciudadano, crearon una ley que sólo beneficia y fortalece al sistema de partidos, en perjuicio de los ciudadanos y de su libre participación en la vida pública de México. En esta ocasión con la normatividad que regula a las candidaturas independientes, estableciendo reglas que buscan que el ciudadano no pueda acceder a ellas, constituye una regulación excesiva y perversa que las vuelve prácticamente inviables. No otorga a los ciudadanos los mismos derechos que a los partidos. Exige a los ciudadanos más requisitos para ser candidatos independientes que el que pide a los partidos políticos en nuestro país y nuestro estado.

Se otorga casi veinte veces menos recursos y tiempo aire a los candidatos independientes, que el que se da a los partidos políticos. Establece sanciones más severas para los ciudadanos que las que contempla para los partidos políticos. Establece normas que impiden la competencia en igualdad de condiciones.

La creación de las candidaturas independientes en estas condiciones únicamente demuestra la burda intención de los partidos políticos tradicionales de crear candidaturas ciudadanas que existan sólo en papel, pero que sea prácticamente imposible para el ciudadano alcanzarlas, y de hacerlo, competir en igualdad de condiciones. Los diputados del PRI, PAN y PRD se sometieron a los intereses del Pacto por México hicieron una ley que restringe los derechos de los ciudadanos y que viola los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos de votar y ser votados, libertad de asociación, expresión y equidad electoral.

Ante uno de los mayores retrocesos democráticos de este país, la obligación es exigir que los ciudadanos realmente puedan acceder a las candidaturas independientes, sin obstáculos, burocracias, ni trampas legaloides, y que puedan hacerlo y competir en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Es por eso que presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra del Libro Séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que regula las candidaturas independientes.

Ahora, queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsabilidad de hacer valer los derechos constitucionales de los ciudadanos, de hacer posible una verdadera participación ciudadana y hacer realidad que un ciudadano libre pueda competir y ganar una elección sin necesidad de los partidos políticos.

Lo más lamentable también es que se nos fue una gran oportunidad de quitarle a los partidos políticos el recurso publico con el que viven, y que ese recurso público hoy en día se podría ocupar para educación, salud o el sistema de desarrollo integral para la familia ya sea municipal o estatal, pero se nos fue el tiempo en otras cosas, los partidos políticos no dejarían ir una oportunidad, el tema central de las reformas electorales es fortalecer a los partidos y no a los ciudadanos, más dinero a los partidos políticos y no al ciudadano, más fuero al político y más privilegios, que a un ciudadano que todos los días debe de contestar llamadas de molestia por parte de las autoridades, que al político que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Hoy en día los partidos políticos se fortalecen, crecen más y los ciudadanos son menos ante la autoridad.