El Partido Acción Nacional (PAN) propone un Sistema Nacional Anticorrupción, autónomo, ciudadano e integral, que combata de manera frontal este problema, señaló el Diputado Federal, Marcos Aguilar Vega, tras destacar que dicha propuesta incluye la creación de un Tribunal Federal de Cuentas que permitirá sancionar a los malos servidores públicos.
Este sistema institucional para todo el país plantea en su composición la integración de diversos órganos que participen en la solución, destacando que la corrupción depende de dos causas básicamente, la primera la ausencia de rendición de cuentas y la impunidad.
Explicó que la propuesta hoy avalada por otras fuerzas políticas a nivel federal, plantea retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los Presidentes Municipales, Gobernadores y Presidente de la República para otorgarla a jueces en materia penal y administrativa, que sería depositada en este Tribunal Federal de Cuentas.
Enfatizó que la reforma anticorrupción es sin duda, la más importante de todas las reformas impulsadas por el PAN, porque México pierde cada año el 9% de su Producto Interno Bruto (PIB) a causa de sobornos y actos de corrupción y ocupa el lugar número 106 de 177 del ranking de países que menos combaten este problema.
Detalló que la propuesta contempla seis elementos para que funcione este Sistema Anticorrupción que hoy es planteado por Acción Nacional , entre ellos la formación de un Consejo Nacional, un Comité Ciudadano para la Ética Pública, que trabajen por un México libre de corrupción.
Así como el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías Municipales con facultades de auditoria e investigación.
Además de una Fiscalía Anticorrupción autónoma, fortaleciendo paralelamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que tenga mayores facultades fiscalizadoras.
Y finalmente, destacó la creación del Tribunal Federal de Cuentas, una propuesta impulsada por Aguilar Vega en el Municipio de Querétaro desde el 2009, y que contempla un órgano autónomo y facultado para sancionar a los malos servidores públicos, Tribunal que replicaría en el Distrito Federal, en los Estados y todos los municipios del país.
