Este 1 de agosto se realizará la primera consulta popular, solicitada por el jefe del Ejecutivo, revisada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia, aprobada por el Congreso de la Unión y organizada por el INE, en la que 93 millones de ciudadanos podrán participar para opinar sobre una pregunta cuya redacción modificó la Corte.
La pregunta es “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí o No”.
A este ejercicio se le conoce también como una consulta para conocer el sentir de los ciudadanos sobre si se enjuicia o no a los expresidentes.
Según la Secretaría de Gobernación, la consulta popular es un “mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”.
Actualmente, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus Juntas Locales, está calculando el costo y el número de mesas receptoras de opiniones, que se instalarán en todo el país, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas acudan a expresar su opinión sobre la pregunta antes mencionada.
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