El secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza, recordó que “la expectativa de los padres [de los 43 normalistas de Ayotzinapa] es encontrar a los jóvenes con vida” e instó a multiplicar los esfuerzos en ese sentido.

“Hay un contexto de grave crisis de lo que esta pasando y es lamentable no solo los hechos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Puebla; lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes. Ésa es una de las señales que preocupa”, señaló Icaza. Este día, varias organizaciones, representantes del Gobierno de México y los miembros de la CIDH mantuvieron un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que murieron el 26 de septiembre en Iguala (estado de Guerrero) y recordaron también a otros 43 jóvenes desaparecidos. Durante la primera audiencia sobre México en la sede de la CIDH en Washington, media docena de organizaciones solicitaron mantener un minuto de silencio por los seis jóvenes “ejecutados extrajudicialmente”. “Fue – el – Estado – Justicia – Búsqueda – Verdad – Nunca – Más”, rezaban las pancartas sostenidas por varios activistas durante el minuto de silencio, en el que tanto los representantes del Estado como los de la CIDH se pusieron en pie en memoria de los fallecidos. “Hoy no estamos todos aquí. Hoy nos faltan 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Por eso los mencionamos”, señaló la abogada Priscila Rodríguez, una de las solicitantes de la audiencia, antes de que sus compañeros leyeran, uno a uno, los nombres de los jóvenes desaparecidos.

Fuera, un grupo de manifestantes que pedía justicia para los 43 estudiantes desaparecidos hace más de un mes en Iguala recibió con abucheos a la delegación del Gobierno de México que acudió a la CIDH para explicar su Programa Nacional de Derechos Humanos. La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón, aseguró que el Gobierno de México ”ha manifestado su compromiso de manera diligente, objetiva e imparcial para sancionar a quienes resulten responsables” y localizar a los estudiantes. El pasado 26 de septiembre policías atacaron a tiros a estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa presuntamente por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, causando la muerte a seis personas y heridas a 25 más.

Además, de acuerdo con la investigación, los policías detuvieron a 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias, ordenó su desaparición creyendo que se trataba de miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival.

PIDE MÁS AVANCES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de México más avances en la localización de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre y aseguró que evaluará una propuesta para ayudar a la creación de un grupo de asistencia técnica que apoye la búsqueda de los jóvenes. Cada una de las cinco audiencias sobre México en la  (CIDH) incluyó menciones a la desaparición, el pasado 26 de septiembre, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural (dedicada a la formación de maestros) de Ayotzinapa, en Iguala.

La mesa reservada a organizaciones solicitantes de las audiencias permaneció decorada con un cartel que rezaba “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, delante de varios activistas con carteles que apuntaban a la responsabilidad del gobierno de México en los hechos. “Nadie esconde la gravedad de lo que ha ocurrido tanto en Tlatlaya como en Iguala, pero nunca habría visto usted hace apenas unos años una respuesta tan contundente del Gobierno y de la sociedad”, añadió, en una entrevista con Efe, el subsecretario para Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

Esas garantías no evitaron que la CIDH, que a comienzos de este mes otorgó medidas cautelares para reclamar una búsqueda urgente y eficaz de los estudiantes, apuntara a la falta de avances hasta ahora en el objetivo que ansían las familias de los desaparecidos. “La pregunta es ¿cuántos estudiantes han aparecido? Se han hecho acciones, se reconocen y se validan, pero creo que es más importante subrayar que la expectativa de los padres es encontrar a los jóvenes con vida”, señaló el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. El titular de la comisión opinó que “hay elementos de extraordinaria gravedad que conectan lo que hoy está sucediendo con el sexenio anterior”, ya que el fenómeno de las desapariciones forzadas en México “no es nuevo” y ya “ha roto el tejido social”. Por la tarde, representantes de dos organizaciones que apoyan a los familiares de los desaparecidos mantuvieron un encuentro privado en Washington con funcionarios mexicanos y miembros de la CIDH. Se esperaba que las dos organizaciones, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro Prodh, buscaran un acuerdo con el Estado para que la CIDH auspicie la formación de un grupo de expertos que ayude a dar con el paradero de los jóvenes. “Está probándose que el Estado es incapaz de buscarlos con vida ahorita, entonces que se alleguen de todas las herramientas necesarias para buscarlos con vida”, indicó a Efe María Luisa Aguilar, del centro “Tlachinollan”. Icaza explicó que la asistencia consistiría en “elementos de carácter técnico para desarrollar las capacidades de búsqueda de personas” y afirmó que, si hoy recibe una propuesta conjunta, la comisión la estudiará durante la próxima semana. En otras dos audiencias, varias organizaciones denunciaron que la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos “supera el 98 por ciento” en México y que hay una creciente “criminalización de la protesta social”, tanto en el caso de periodistas como de defensores de derechos humanos.

Por otra parte, Estados Unidos y los centros de detención de inmigrantes volvieron a estar presentes durante otra audiencia de la CIDH, en la que un indocumentado retenido en el país norteamericano contó la “humillante” experiencia que vivió durante tres años en centros de Alabama y Luisiana. Honduras, la pobreza extrema y la violencia fueron otros de los protagonistas de la jornada, en la que la CIDH expresó su preocupación por los 114 mil 500 “niños invisibles” de la región del Bajo Aguán, sumergida en un conflicto agrario. Este jueves el Defensor del Pueblo de Bolivia también denunció ante la CIDH la muerte violenta de 32 cadetes en el Ejército en los últimos tres años. EFE

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