Más de 50 periodistas, entre reporteros, fotógrafos, editores y directivos, denunciaron que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas pretende atentar contra su libertad, pues una vez terminada su administración se ha dispuesto una serie de denuncias penales tramitadas por particulares que le son afines, para encarcelar a informadores que han sido críticos durante este sexenio.
La denuncia fue hecha en el marco de los Informes Ciudadanos que un grupo de organizaciones, académicos y activistas llevan por segundo año consecutivo, como una evaluación civil del ejercicio gubernamental que ha tenido el actual mandatario estatal.
El evento se llevó a cabo el miércoles en el campus de la Universidad Iberoamericana de Puebla y estaban presentes representantes de las organizaciones Artículo 19, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y la Casa del Periodista, quienes coincidieron en anunciar que estarán pendientes del respeto en la entidad de las garantías de libertad de expresión y prensa que están consagradas en la Constitución.
Se leyó un pronunciamiento firmado por periodistas de medios como La Jornada de Oriente, Lado B, e-consulta, Intolerancia, Periódico Centro, Foro 21 y El Heraldo de Puebla, entre otros, en el cual se dio a conocer: “hemos conocido a lo largo de seis años los procedimientos que utiliza el hoy aspirante a presidente de la República para lograr este propósito, que han ido desde el intento de estrangulamiento económico hasta las demandas contra comunicadores o sus familiares; hubo también asaltos a las oficinas de periodistas y amenazas reiteradas contra los comunicadores incómodos a él”.
“Debemos recordar la intentona de interponer demandas contra varios periodistas poblanos que encabezó abiertamente en el año 2012 su encargado de Comunicación Social, Sergio Ramírez, y que fracasó gracias a la protesta decidida de un grupo de articulistas y dueños de medios locales. Ha corrido insistentemente el rumor de que a una decena de periodistas les presentarán demandas, por los motivos que sean, para afectarlos en su estabilidad personal, su libertad o su patrimonio. Se ha dicho que se emplearía el procedimiento ya utilizado por él en otras ocasiones, de acusar a los comunicadores o incluso a sus familiares o sus empresas, no directamente, sino a través de personeros suyos”.
Al respecto, Sandra Patargo, de Artículo 19, expresó: “El año pasado en nuestro informe anual titulado ‘Miedo’ justo escribimos un capítulo entero sobre Puebla por segundo año consecutivo. Lo hicimos también en 2014 con un enfoque en los ataques cibernéticos que han recibido portales poblanos generalmente críticos al gobierno de Rafael Moreno Valle. Pasamos de agresiones, en años anteriores en todo el año de seis a nueve, en 2014 dieciséis, en 2015 treinta y ocho. Como en mes y medio o un poco más saldrá nuestro informe anual, ya los estaremos invitando y revelaremos las cifras de este año en Puebla. Sin embargo puedo adelantar que ya nos hemos pronunciado varias veces este año sobre agresiones contra periodistas”.
Para Cuauhtémoc Cruz Isidoro, secretario de AMEDI Puebla, la amenaza de demandar a periodistas resulta preocupante porque sería la segunda ocasión que se intimida a los periodistas de esta manera. Recordó que el Congreso del Estado tiene pendiente hacer unas modificaciones derivadas de la Reforma al Código Civil que despenalizó los delitos de prensa. Asimismo, contrastó que el gobernador Rafael Moreno Valle exija al INE respetar la libertad de expresión de los periodistas que le entrevistaron, pero que él no genere las condiciones necesarias a nivel local.
Jorge Meléndez, de la Casa de los Derechos de los Periodistas, expresó que “las demandas son una de las amenazas que hay ahora, aparte de que somos el tercer país en muertes de periodistas en el mundo, sin que estemos aparentemente, porque sí lo estamos, en guerra civil. Otra cosa es que los gobernadores como el señor Moreno Valle utilizan el presupuesto de los estados como si fuera propio. Ellos deciden a quién le dan, a quién no le dan, cómo le dan, etcétera”.
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