Aunque reconocemos y celebramos que existen avances en los derechos políticos de las mujeres y más en materia de equidad de género, es fundamental sumar todos los esfuerzos para que la paridad y la igualdad entre mujeres y hombres, sea una realidad y no sólo un discurso plasmado en la ley. De acuerdo con los convenios internacionales y las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, los estados del país están obligados a adoptar las medidas necesarias en las respectivas constituciones o leyes para garantizar a las mujeres el derecho al voto y a ser elegidas; además de garantizarles el derecho a la participación plena en la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar iniciativas que permitan modificar las actitudes discriminatorias contra las mujeres que desasienten su participación en la vida política.
Cabe señalar que lo que denota dicha reforma, específicamente en su artículo 7, es “que los partidos políticos están obligados a establecer las reglas para garantizar la paridad de género en candidaturas a diputados y fórmulas de Ayuntamientos, en los términos que establezca la Ley “, lo que muestra que aún persiste la resistencia por parte de los legisladores locales para permitir que las mujeres participen de forma directa y activa en la vida política en el caso de encabezar los Ayuntamientos esto es, si la fórmula la encabezara un hombre, que la sindicatura en este caso fuera para una mujer o viceversa y de manera alternada en referencia al número de municipios; esto sería una acción afirmativa, misma que no se refleja.
Los comentarios hechos de manera misógina por parte del que se dice Doctor en Derecho, León Hernández, reflejó que la reforma fue una mentira total para la mujer en la Reforma de la Constitución y es que Marco León fue aquel legislador local que también mutiló la reforma con Francisco Garrido, y que en menos de 15 minutos, al estilo del PAN, habían ya publicado, y de 105 artículos que teníamos antes solo quedaron 41. Ahora vemos que los aspectos que maneja este supuesto estudioso del derecho son farsa y vender una iniciativa que deja mucho que desear para las aspiraciones de las mujeres en la vida política del estado de Querétaro, si consideramos que de 1 millón 283 mil 65 ciudadanos que integran la lista nominal del estado (con corte al 5 de octubre del 2012), 668 mil 101 son mujeres, es decir el 52 por ciento.
Respecto de las presidentas municipales en la entidad, en los últimos 14 años en el IEQ se tiene el registro de 5 Presidentas Municipales únicamente, de las cuales 2 han sido por sustitución como Regina Ramírez Trejo (PRI) en Peñamiller (2000-2003), Ma. De los Ángeles Jacaranda López Salas (PRI) en San Juan del Río (2003-2006), Carmelita Zúñiga Hernández, (sustitución) en Querétaro (PAN) 2012, María García Pérez (PAN) en Huimilpan (2012-2015), María de los Ángeles Tiscareño Villagrán (sustitución) (PRI) en Pedro Escobedo (2013-2015).
Es evidente la sub representación de las mujeres en el caso concreto, pues además de que la Comisión de Puntos Constitucionales no escucho la voz de la mujer en diferentes mesas de trabajo, jamás tuvieron los números que representan las mujeres en los partidos políticos en el estado, y cabe mencionar que en algunos posicionamientos han confundido, no tienen claro, o tratan de engañar a la sociedad, en cuanto al párrafo referido, ya que han manejado que se otorgó la paridad en Presidencias Municipales, es decir; que todas las listas de fórmulas pudieran estar encabezadas por Hombres, al igual que las sindicaturas y dejar a las mujeres en los espacios de regidurías solamente, lo que no representa ninguna acción afirmativa.
Es así que considero que la plena participación y el liderazgo de las mujeres en pie de igualdad con los hombres, ya no es una opción, sino una necesidad urgente.
El tema de paridad, confunde, pero ya muchos dicen que le cumplieron a la mujer en esta etapa de la reforma constitucional, cuando ni siquiera saben lo que votaron en el pleno, y que para la mayoría es claro que su retiro de la política será en el 2015, ocasionado por provocar un problema más grave de equidad de género o bien vender su voto por una pensión los próximos seis años.