Posicionamiento de las organizaciones civiles ante las observaciones del ejecutivo referentes a la Ley que regula los espacios 100% libres de humo de tabaco en Querétaro
24 de abril, 2014
La salud de las y los queretanos éticamente no es negociable, ni puede ser suprimida su protección a nombre de intereses económicos. En tal sentido el rechazo parcial de la publicación de la Ley que regula los espacios 100% libres de humo de tabaco en Querétaro por parte del gobernador, Lic. José E. Calzada Rovirosa, es inadmisible toda vez que implicaría suprimir los grandes avances que ha significado la aprobación de dicha ley, por unanimidad, por los integrantes de la LVII legislatura de esta entidad.
Nuestras organizaciones, interesadas en la cabal observancia del Convenio Marco para el Control del Tabaco, firmado por México en 2003 y ratificado en 2004, han solicitado reiteradamente audiencia con el Lic. Calzada Rovirosa antes y después de la aprobación de la ley citada, de tal forma que el Ejecutivo local y su equipo jurídico dispusieran de mayores elementos para la publicación de dicha ley. Sin embargo, nunca se concretó la cita y, con sorpresa, nos enteramos que las observaciones del Ejecutivo a la ley 100% LHT se basan en argumentos probadamente obsoletos hace más de 6 años, como la pretensión de que se fume en espacios cerrados, así como una inusitada defensa de la industria tabacalera, industria que, a todas luces, resulta hoy indefendible porque genera enfermedad y muerte y los impuestos que paga ni siquiera alcanzan para cubrir los daños que provoca.
En la actualidad, nueve entidades de nuestro país han aprobado leyes con espacios cerrados públicos y de trabajo 100% libres de humo de tabaco: Distrito Federal, Tabasco, Morelos, Veracruz, Zacatecas, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Querétaro. Ello significa, por la importancia demográfica de dichas entidades, que el 42 por ciento de la población en México se encuentra protegida por esta sólida legislación. La legislación de avanzada en estos estados, muy superior a la federal que implica la Ley General Para el Control del Tabaco, está garantizada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el 15 de febrero del 2010 (Tesis Jurisprudencial 5/2010) determinó que los estados pueden hacer legislaciones que mejoren la norma de salud federal, y ello con el propósito de proteger más ampliamente la salud de los ciudadanos de determinada entidad.
Nos preguntamos si el gobernador defiende los intereses de la industria tabacalera porque los coloca por encima de la salud de las y los queretanos. Esto es inadmisible, porque en Querétaro tenemos un problema grave de salud pública. Con base en los indicadores del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2011, en Querétaro la prevalencia de fumadores jóvenes de 13 a 15 años es de las más altas del país, con 18.6% en población total (21.4% en hombres y 16% en mujeres). No es casual que en el Estado ocurren 844 decesos al año, con un costo de atención médica por enfermedades relacionadas superior a los 446 millones de pesos. Si al gobernador le preocupara esta situación no dejaría que se vulneraran derechos fundamentales, como el derecho a la salud. O por lo menos, no se dejaría convencer tan fácilmente por su equipo jurídico cuya ineficiencia en la construcción de argumentos, se advierte por la ignorancia de la resolución arriba citada de la SCJN y por la defensa de una industria tabacalera a la que ya nadie en el mundo se atreve a defender. Todo ello argumentado en ausencia de las evidencias científicas.
Gisela Sánchez Díaz de León
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Directora de Salud y Género Querétaro |
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Erik Antonio Ochoa |
Eduardo del Castillo Valadez |
Director de la Fundación InterAmericana del Corazón México |
Director de Códice |