José Luis Aguilera

A propósito de la revocación de la sanción que había impuesto el Instituto Electoral de Querétaro en contra del diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Aguilar Vega, sería conveniente que se llevara el juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver cuál de las dos versiones tiene la razón.

Y es que ante esta instancia, el Instituto Electoral de Querétaro deberá demostrar que sus resoluciones son apegadas a la legalidad, lo cual quedó en entredicho con la resolución que obtuvo a su favor el diputado federal de manos del Tribunal Superior de Justicia  y que debería de preocupar a los ciudadanos.

Veremos si el órgano electoral quiere llevar el juicio que inició el diputado local, Diego Foyo López, ante una instancia imparcial como lo sería un tribunal federal, en donde podríamos asegurar que no existirán intereses partidistas y donde el IEQ podrá demostrar que no actúa bajo las órdenes de nadie.

A menos de un año de que se lleven a cabo las elecciones, actualmente es preocupante que el árbitro de la contienda juzgue de manera parcializada, lo cual se podría traducir en una omisión al cumplimiento de la ley electoral vigente y más aún si el actuar de los consejeros del Instituto está condicionado a su permanencia o recomendación para integrar la delegación en Querétaro del recientemente creado Instituto Nacional Electoral.

Es responsabilidad del Instituto Electoral de Querétaro y de su Consejo General garantizar la certeza y la equidad de los próximos comicios electorales, por lo que acudir ante una instancia neutral para demostrar que cumple las reglas y no obedece órdenes dictadas desde Palacio de Gobierno, sería benéfico para todos, ya que hasta ahora solo se observa una clara fobia para algunos partidos opositores.