Un tribunal egipcio recomendó hoy la pena de muerte para 188 personas por el asesinato de al menos catorce miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a la comisaría de Kerdasa, localidad próxima a El Cairo, en agosto del año pasado.
La agencia estatal de noticias Mena informó de que el Tribunal Penal de Guiza decidió trasladar el caso de esos acusados al muftí de la República y máxima autoridad religiosa del país, Shauqi Alam, para que emita una opinión no vinculante al respecto.
El tribunal tiene previsto pronunciar su fallo definitivo el próximo 28 de enero, según la agencia, que agregó que 143 de los procesados permanecen detenidos y otros 45 están huidos.
Todos ellos están acusados de irrumpir el 14 de agosto de 2013 en la comisaría de Kerdasa y asesinar a su jefe, a su «número dos» y a otros doce oficiales y miembros de la policía que se encontraban en el lugar.
Según las autoridades, el ataque fue preparado por el antiguo diputado de los Hermanos Musulmanes Abdelsalam Bashandi y dirigido por un radical vinculado a la Yihad Islámica.
Cuando la policía desalojó en agosto del año pasado las acampadas islamistas en las plazas de Rabea al Adauia y Al Nahda, en El Cairo, se registraron varios ataques en venganza contra los cuerpos de seguridad en algunas ciudades egipcias.
Ese fue el caso de Kerdasa, considerada un feudo histórico de islamistas egipcios, tanto moderados como yihadistas, y que estuvo tomada durante un mes por grupos de esa tendencia hasta que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para recuperar su control en septiembre de 2013.
Cientos de personas han sido condenadas a pena de muerte en los últimos meses en Egipto en macrojuicios que las organizaciones de derechos humanos han criticado por no respetar los principios de un juicio justo, la falta de independencia de la justicia y la severidad de las penas, entre otros motivos.
El pasado 21 de junio, un tribunal de la provincia meridional de Minia condenó a muerte en firme al líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, y a 182 supuestos simpatizantes por actos de violencia en esa región.
Desde el derrocamiento militar del islamista Mohamed Mursi el 3 de julio de 2013, las autoridades han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de la cofradía, declarada grupo terrorista.