Es hora de hablar de la coyuntura internacional una vez más. Esta semana me llamó la atención una situación rara que pudiera tener efectos a mediano y largo plazo en el sistema de protección de derechos humanos de todos los que vivimos en América. El epicentro es República Dominicana.
Como probablemente sepan, existen diversos mecanismos de protección de los derechos humanos, evidentemente comenzando por la esfera nacional, pero cuando la violación la cometen los Sistemas de Justicia Nacionales o los Gobiernos Nacionales, entonces se acude a los sistemas internacionales de justicia y protección de derechos fundamentales, algo que los mexicanos no solemos hacer regularmente aunque deberíamos.
La herramienta más importante que tenemos para la protección internacional de los derechos humanos, por su cercanía y legitimidad, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es reconocida por la mayoría de los países del continente americano, con la excepción nada sorprendente de Venezuela y bueno ahora de la República Dominicana, que no ha formalizado aún su desconocimiento de la CIDH pero que ya ha anunciado.
Esto es grave para el ciudadano de a pie porque debilita la posibilidad que tiene de proteger sus derechos a los más altos niveles de justicia existentes, dado que la CIDH le protege de los abusos y violaciones en los que incurran los tribunales supremos o constitucionales de los países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, y es que la perdida de otro país en su esfera abre la posibilidad de que otros países lo hagan también cuando no estén dispuestos a someterse a las sentencias de la CIDH. Cabe decir que pocos sistemas de protección de derechos humanos cuentan con la organización y eficacia con la que cuenta el nuestro. Queda claro que la decisión de la República Dominicana, como la de Venezuela, son políticas y en nada responden a sus intereses por proteger los derechos de sus ciudadanos, todo lo contrario, los ciudadanos de esos países quedan a merced total de los abusos en los que pueda incurrir la justicia de esos países, y ya sabemos que la Suprema Corte de Venezuela es la más cuestionada del mundo, pues ha emitido sentencias que van cínicamente en contra de lo establecido por su propia constitución y no se explica de otro modo sino por la total sumisión de dicha Corte a los caprichos de su presidente bananero.
Se trata de decisiones políticas adoptadas en otros países por funcionarios y jueces corruptos (no puede explicarse de otro modo) que afectan directamente nuestra propia esfera de derechos fundamentales. Como mexicanos debe preocuparnos y al gobierno mexicano debería llevarlo a la acción diplomática para ejercer presión sobre esos países para que vuelvan al sistema interamericano de derechos humanos.
El que calla otorga y sería grave que nuestro gobierno se mantuviera en silencio; como se ven las cosas en este país y con el Presidente que tenemos no podemos dar por sentado que la administración actual o las que le sigan mantengan su adhesión al sistema interamericano de derechos humanos, debemos poner el dedo en el renglón porque de otro modo estamos minando nuestra propia libertad. Es un momento oportuno para que el gobierno mexicano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifiesten pública y enérgicamente su apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como su más severa condena a lo que acontece en la República Dominicana.