QUERÉTARO, Qro., (proceso.com.mx).- La empresa que vendió un paquete de 73 camillas a la Unidad de Servicios de Salud en el estado a un precio de 43 mil 452 pesos y entregó en su lugar unos modelos chinos valuados en 9 mil 600 pesos opera en una casa de Cintya María Jiménez Ontiveros, esposa del secretario de salud.

La adquisición de esas camillas provocó un daño al erario de 2.5 millones de pesos, detectó la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) en una revisión a la cuenta pública de la dependencia correspondiente al segundo semestre del 2013.

El semanario Libertad de Palabra informó que Comercializadora CEM, S.A. de C.V. tiene como accionista mayoritario a José Isaic Guadalupe Pérez Uribe, con 45 de las 50 acciones, como consta en la escritura 41151, de fecha 17 de noviembre de 2009. Pérez Uribe es amigo del titular de salud, Mario César García Feregrino.

La relación del empresario con el titular de salud data desde al menos hace cuatro años, como lo mostró la revista Quién en una fotografía tomada durante la fiesta de cumpleaños de Eugenio, el hijo del funcionario.

Ahora, el semanario de Querétaro reveló que la empresa está situada en la calle La Esperanza número 111, del fraccionamiento “Carolina” al poniente de la ciudad, en un predio propiedad de Cintya María Jiménez Ontiveros, quien se desempeña como “Presidenta del Voluntario de la Secretaría de Salud” y es esposa del titular de salud.

La escritura 7079, del 13 de mayo de 2002, da cuenta de la adquisición del inmueble ubicado en el Fraccionamiento Carolina por parte de Cintya Jiménez Ontiveros mediante un contrato de compraventa con Héctor Victoria Herrera Montes.

Aunque los comunicados oficiales del gobierno redactan el nombre de la “Presidenta del Voluntario de la Secretaría de Salud” como “Cynthia”, la escritura 14807 sobre un préstamo hipotecarios relacionado al mismo inmueble confirman que el nombre Cintya María corresponde a la esposa del funcionario.

“Manifiesta la señora CINTYA MARÍA JIMÉNEZ ONTIVEROS, estar casada con el señor MARIO CÉSAR GARCÍA FEREGRINO…”, expone la escritura tramitada en la notaría pública 31, ante la licencia Estela de la Luz Gallegos Barreda.

La propiedad con clave catastral 140100120134597 tiene una extensión de 126 metros cuadrados que colinda al norte en 18 metros con el lote número 48; al sur en 18 metros con el lote número 50; al este en 7 metros con el Condominio de La Carambada; y al oeste en 7 metros con la calle de la Esperanza, vía principal del Fraccionamiento “Carolina”.

Un croquis del fraccionamiento permitió identificar que el lote 49 corresponde al número 111 de la calle Esperanza.

Al teclear el teléfono 2 16 55 17 de Comercializadora CEM, S.A. de C.V., difundido en Compranet, en el servicio a clientes de Teléfonos de México, aparece como titular de la línea Jiménez Ontiveros Cintya María.

Salvo un portón negro de extremo a extremo que distingue la vivienda, el inmueble luce como cualquier otra casa de la calle Esperanza, a simple vista no se ven empresas, comercios u oficinas.

El fraude.

Cuando el jefe de Mantenimiento del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Gabino Soto Parra, revisó el acta de la licitación donde estampó su firma un día antes, no comprendió cómo fue que el proveedor de un paquete de 73 camillas era una empresa diferente a la que él había seleccionado.

El proceso de la licitación incluyó una junta de aclaraciones sobre el equipamiento técnico que se adquiriría, la revisión de los documentos de los proveedores, desechar a aquellos que no cumplían, seleccionar las mejores propuestas y finalmente el acta del fallo, ese documento que el sábado 8 de diciembre de 2012 él releía, incrédulo.

Soto Parra consideraba, en aquél momento, que la compra de las camillas a la empresa Comercializadora CEM S.A. de C.V. –la cual hoy sabe que opera desde un inmueble propiedad de la esposa del Secretario de Salud y cuyo accionista principal es un amigo del mismo funcionario—podría deberse a un error.

Y es que la licitación pública presencial con carácter internacional bajo la cobertura de los tratados LPI-51105-001-002-12, publicada el 20 de septiembre de 2012, tuvo una duración de casi tres meses debido a que se trataba de adquirir el mejor equipo para el referido hospital.

Por ello notificó la anomalía al entonces director, Carlos Arturo Rebolledo Fernández, a quien le expuso por escrito que él había seleccionado a otro proveedor y, por tanto, tenía el temor de que las camillas que serían entregadas al hospital no cumplieran con las especificaciones técnicas, como finalmente ocurrió.

“Mi comentario al respecto es que hay posibilidad de que quién haya seleccionado la propuesta del proveedor, Comercializadora CEM S.A. de C.V., esté aceptando unas camillas marca AMPESA, similares a las 12 que tenemos en el hospital a la espera de su baja”, expuso en el escrito sellado en la Dirección General el 10 de diciembre de 2012.

Casi dos años después, Gabino Soto Parra, quien ya no labora en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, dijo a Apro que él fue quien presentó la denuncia que puso al descubierto el daño de 2.5 millones de pesos al erario público por la adquisición de esas camillas.

Abundó que se decidió a investigar por su cuenta, armar un expediente y denunciar, por temor a que los funcionarios de la Secretaría de Salud le atribuyeran esa compra a él, después de que inició una denuncia laboral tras ser echado de su trabajo, el 23 de enero de 2013.

El ahora exfuncionario considera que independientemente de su litigio, el caso tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, por lo que solicitó al gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, la separación del cargo del secretario de Salud, porque considera que las investigaciones avanzan con lentitud.

“Si el proveedor hubieran entregado una camilla acorde quizás no pasaría nada de esto, pero aquí fue un dolo en todos los sentidos, tarde, mala y cara”, puntualizó.

También pidió la separación del coordinador general de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Jorge Espinosa Becerra; del Subdirector de Adquisiciones, Raúl Juárez Martínez; y de Silvia Elia Pineda Mc’Mahon, administradora del hospital.

Quien fue el responsable de seleccionar al proveedor de las camillas, aseguró que él no seleccionó a Comercializadora CEM, S.A. de C.V.

“Yo no la seleccioné, yo a este proveedor no lo conozco”, puntualizó.

Se mostró extrañado de que la empresa lograra vender camillas chinas, pese a que México no tiene tratado con ese país para vender al servicio público, además de que la propuesta técnica no fue ingresada en una hoja membretada de la empresa, sino en un documento con logotipos oficiales de la Secretaría de Salud.

Para él hay una cadena de complicidades que lo llevan a sospechar que el expediente de esa empresa no fue ingresado a la licitación desde un inicio o fue apartado temporalmente del Comité de Adquisiciones, porque de lo contrario habría sido desechado.