Con motivo de la expedición de las leyes en materia educativa de cada entidad federativa, el Poder Ejecutivo Federal (PJF) presentó dos demandas más de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahora en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de los estados de Zacatecas y Baja California.
En representación del presidente Enrique Peña Nieto, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, interpuso tales recursos jurídicos ante el máximo tribunal de justicia del país.
Estas dos controversias se suman a las presentadas el 15 de abril pasado, en el mismo sentido, en contra de las legislaturas y ejecutivos estatales de Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas, informó la SEP mediante un comunicado.
En el caso de la primera entidad, por la omisión de legislar en materia educativa acorde a la Constitución. Respecto de las otras tres entidades, por aprobar leyes que no se armonizan con la reforma educativa al contravenir la Constitución y las leyes generales respectivas, apuntó.
Hizo énfasis al señalar que con esas controversias el Gobierno de la República busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa.
En todos los casos, la finalidad de estas controversias es que, si la SCJN las considera fundadas, se obligue a los Poderes Legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la Constitución del país.
Las mismas contravienen algunas disposiciones de la Constitución General de la República, las leyes reglamentarias correspondientes, y por lo mismo, el espíritu de la reforma educativa, reiteró.
Con esas medidas, puntualizó, el Gobierno de la República reitera su firme compromiso con la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales.
Así como su responsabilidad de vigilar que la legislación local de todas las entidades del país esté en perfecta armonía con la reforma constitucional en materia educativa y con las leyes generales correspondientes, en beneficio de la niñez al tener un marco legal que garantice una educación de calidad, concluyó. – See more at: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3377382.htm#sthash.vqbRGjuH.dpuf