Los delitos federales cometidos por los servidores públicos provocaron la apertura de cuatro mil 126 carpetas de investigación, con lo cual se colocaron en la cuarta causa de apertura de una diligencia ministerial a nivel federal, reveló el Presidente de la República, quien también informó que cinco mil 112 civiles y 683 militares que cometieron delitos siguen sus procesos en libertad.
Como parte del paquete de respuestas a las 83 preguntas que le formularon los diputados federales, en torno a su Quinto Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto dijo a los legisladores que existen 94 mil 663 carpetas de investigación abiertas por delitos federales; los delitos patrimoniales ocupan el primer lugar con 31 mil 494 carpetas, seguidos por los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que generaron siete mil 282 carpetas y los delitos contra las leyes de instituciones de crédito, inversiones, fianzas y seguros sumaron seis mil 889 carpetas.
En el cuarto lugar se colocan los delitos cometidos por los servidores públicos, y aunque explica que existen investigaciones específicas en materia de corrupción, no detalla el número y recuerda que todavía no se ha consignado ningún caso de este tipo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en su nuevo diseño consecuencia de la reforma anticorrupción.
Las preguntas en materia de seguridad, justicia y anticorrupción son recurrentes entre los diputados de los partidos políticos representados en San Lázaro y el Presidente contesta todos, con aristas complementarias en cada caso; por ejemplo, al PAN le responde que la PGR logró 10 mil 712 vinculaciones a proceso; que en 780 carpetas de investigación se dio el sobreseimiento, de un universo de 68 mil 909 desde enero hasta septiembre de este año.
Informó también que desde 2005 hasta el 9 de noviembre de este año, el gobierno federal ha presentado cuatro mil 429 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, de las cuales se autorizaron cuatro mil 429 solicitudes; tan sólo del 1 de septiembre del 2016 al 30 de septiembre de este año, el Poder Judicial autorizó las 130 solicitudes de intervención.
Todos los grupos parlamentarios de oposición le preguntaron en torno a los casos de corrupción, como el detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a empresas fantasma contratadas por universidades públicas, a partir de convenios con dependencias federales, y confirmó lo que Excélsior reveló hace un par de meses, que existe una investigación que ya generó sanciones a tres servidores públicos y 33 que están en investigación.
Sobre las investigaciones a la empresa Odebrecht, el presidente Peña aseguró que la Secretaría de la Función Pública inició ocho procedimientos administrativos; cuatro contra filiales de la empresa, dos contra representantes legales y dos contra servidores públicos de Pemex; que existe un amparo que impide la emisión de resoluciones en tres de los ocho procedimientos administrativos, que la Secretaría ya impugnó.
En tanto, entre otras acciones, la PGR entrevistó a tres funcionarios de alto nivel de Odebrecht en Brasil y tres funcionarios brasileños radicados en México y se concluyeron las entrevistas con 19 servidores públicos de Pemex.
Con información de Excelsior