Los partidarios de poner fin a más de medio siglo de derramamiento de sangre en Colombia sintieron que una pesada lápida les caía encima luego que los ciudadanos de ese país rechazaron en un plebiscito, efectuado el 2 de octubre pasado, los acuerdos suscritos en agosto por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América Latina.
Por fortuna, las fuerzas centrífugas que conspiran para evitar que otra vez el país se precipite en el despeñadero de la guerra fratricida no se dejaron llevar por el pesimismo y lograron sumar fuerzas, inclusive incorporando las objeciones de los uribistas, los más feroces detractores de los acuerdos, para conseguir un nuevo pacto el día 12 pasado, que busca dejar atrás, de una vez y para siempre, este capítulo desafortunado o en la historia reciente de Colombia.
El asesor jurídico de las FARC, el abogado español Enrique Santiago, confía en que esta vez el acuerdo sea avalado por los colombianos, pues señala en una entrevista para 24 HORAS que “ha recogido más de 100 propuestas” de los partidarios del “no” que se han incorporado a distintos aspectos. Sólo en materia de justicia se incluyeron 60 modificaciones, 68% de las propuestas de los detractores del presidente Santos.
Santiago señala que varios sectores que se sumaron al rechazo a los acuerdos de agosto, como la Iglesia católica, ahora “han manifestado que apoyan el nuevo acuerdo y que sus dudas al respecto han desaparecido”.
Santiago refiere que el acuerdo del 12 de noviembre “es definitivo” y sus contenidos en materia de derechos fundamentales, derecho internacional humanitario y derechos conexos se incorporan al denominado “bloque de constitucionalidad”, construcción jurisprudencial de la Corte Constitucional donde se ubican los derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento.
El acuerdo y sus contenidos serán –expone- “parámetros de aplicación, desarrollo e interpretación de las leyes promulgadas en desarrollo del acuerdo final, a lo que se agrega un artículo transitorio a la Constitución que establece la obligación de cumplir estrictamente este pacto por todas las instituciones y autoridades del Estado.
Hace notar que ni este acuerdo ni el anterior propiciaban o estimulaba “la impunidad”, como decían los uribistas, sino “al revés”.
“Frente a la impunidad estructural que existe en Colombia, donde la justicia ha venido dejando en impunidad 95% de los crímenes ocurridos en el conflicto o de los delitos comunes en el país, fue necesario crear una nueva jurisdicción que acabará con esta impunidad”, asegura lleno de optimismo.
Se contemplan en los acuerdos “sanciones restaurativas” de dos años de trabajos, hasta penas de prisión de 20 años, 150% más que el castigo máximo contemplado en la Ley de Justicia y Paz de 2005, aprobada por el ex presidente Álvaro Uribe para los paramilitares, que es de ocho años de cárcel.
El abogado de las FARC estima que es imposible que “provoque más impunidad que la permitida por los sucesivos gobiernos colombianos hasta la fecha”.
“Precisamente, quienes esgrimen una supuesta “impunidad guerrillera” para oponerse al acuerdo son aquéllos que estructuralmente han disfrutado de impunidad por sus acciones”, afirma.
El texto pasó ahora de 297 a 310 páginas, para abrir paso a aclaraciones y dar precisión a algunos aspectos que objetaban los uribistas y sus aliados.
Entre otras cosas, se establece que los acuerdos no formarán parte de la Carta Magna, aunque sí de un anexo llamado “Bloque de Constitucionalidad”, se excluyen jueces extranjeros en la llamada Jurisdicción Especial para la Paz o los tribunales que juzgarán los crímenes de guerra y los veredictos de estos órganos podrán ser revisados por la Corte de Constitucionalidad.
La pelota ahora está en la cancha del uribismo y los sectores opuestos al acuerdo original, pero si lo aprueban después de analizarlo, el proceso avanzaría rápido a través de un gran pacto nacional, o, bien, se sometería a un nuevo plebiscito u otro tipo de consulta o se dejaría en manos del Congreso, dominado por el oficialismo.
De otra manera, debería regresar a La Habana para volverse a analizar.
Sin embargo, parece ser que los astros están alineados otra vez e impera un gran optimismo sobre la posibilidad de que esta vez, parafraseando a John Lennon, se está dando una “nueva oportunidad a la paz”.
Certeza
Con 0.3% de diferencia entre el resultado electoral del sí y del no en el plebiscito, nadie puede pretender que se incorpore 100% de las propuestas del no, porque ello sería no respetar ese casi 50% de los votantes del sí.
“Lo cierto es que la incorporación de 67% de las propuestas del no debería permitir un amplio consenso sobre este nuevo acuerdo”
Enrique Santiago
Asesor jurídico de las FARC
Nuevo acuerdo
Principales modificaciones al acuerdo inicial entre el gobierno y la guerrilla colombiana
Cualquier extinción de dominio o recuperación de tierras indebidamente apropiadas procederá de acuerdo a la Constitución y protegiendo el derecho a la propiedad privada. Se amplió a 15 años el plazo para reducir la pobreza extrema en el campo.
Tierras y propiedad privada
El partido que surja de las FARC no podrá presentar candidatos en las 16 circunscripciones especiales de paz que se crean en zonas afectadas por el conflicto, ya que se mantiene el acuerdo anterior de otorgarle 10 escaños en el Congreso durante dos periodos.
Cultivos de drogas ilícitas y narcotráfico
Las FARC deben entregar información detallada sobre el narcotráfico en la Jurisdicción Especial para La Paz y cooperen en la estrategia para acabar con los cultivos ilegales.
El gobierno no renuncia a la posibilidad de fumigar los cultivos ilícitos.
Jurisdicción especial de paz
Será manejada a través de la justicia penal colombiana, aunque se acepta la presencia de expertos extranjeros. Regirá por 10 años, aunque recibirá solicitudes de investigación los primeros dos.
La corte constitucional será la instancia de cierre.
Restricción efectiva de la movilidad
Quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de la libertad, pero deberán mantenerse en las zonas de desmovilización acordadas previamente y no podrán salir sin autorización
Bienes de las FARC y reparación
Las FARC deben declarar y entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas. El incumplimiento llevará a la exclusión de los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Estabilidad fiscal
La propuesta de paz requerirá millonarias inversiones. Para garantizar la solidez de las finanzas del Estado se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal y no afectar a otros programas prioritarios.
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