México es uno de los cinco países en América Latina y el Caribe con mayor desigualdad entre la entidad más rica, donde destacó el estado de Nuevo León, y la entidad más pobre, sitio que fue designado al estado de Chiapas, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De acuerdo con el informe “La matriz de la desigualdad social en América Latina”, en México, Panamá, Venezuela, Colombia y Perú, la diferencia entre las regiones con mayor y menor tasa de pobreza es mayor a los 40 puntos porcentuales.
“Una de las dimensiones más expresivas de los altos niveles de desigualdad en América Latina y el Caribe es la brecha en los niveles de desarrollo de diferentes localidades dentro de cada país”, destacó el informe.
El informe señaló que, Monterrey, Nuevo León, es la región donde se encuentra la población con menor índice de pobreza por sus característicos centros económico-industriales.
En el caso de en Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, los territorios con menos pobreza son donde se ubica la capital del país; el Cusco en el Perú y Colonia en el Uruguay son centros turísticos; y territorios minero-extractivos como Tarija en el Estado Plurinacional de Bolivia.
“Cabe indicar que, aun cuando los niveles de pobreza urbana son menores, en estos territorios se concentra la mayor cantidad (en términos absolutos) de la población que vive bajo la línea de pobreza”.
En cambio, la entidad mexicana que presentó mayor índice de pobreza fue Chiapas, con el 70 por ciento de su población en vulnerabilidad. Sin embargo, en las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana se observó una dispersión significativa entre los estados con mayor y menor índice de pobreza. Ellos son, además, territorios con gran presencia de población indígena.
Por su parte, las comarcas indígenas de Panamá, Lempira (Honduras), Amazonas (Venezuela), la región norte de Guatemala, Chocó (Colombia), presentan el mayor índice de pobreza.
La Cepal señaló como factores que contribuyen al surgimiento de “trampas de pobreza racial”,a los factores agroecológicos, que influyen en la habilidad de los habitantes de un territorio de satisfacer sus necesidades; las características institucionales, políticas y de gobernanza, tanto a nivel nacional como subnacional, que resultan en el goce diferenciado de derechos según el lugar de residencia; el estigma; y la infraestructura inadecuada en áreas donde la poca densidad poblacional encarece las inversiones necesarias.
México también destacó como un territorio donde un poco más del 7 por ciento de los hogares, en promedio, se encuentran en situación de hacinamiento, es decir, los hogares superan su capacidad de habitantes.
Sin embargo, según el estudio, un 98.6 por ciento de los hogares cuenta con servicio de electricidad; 93.0 por ciento, con agua potable; y, el 88.4 por ciento cuenta con servicios de saneamiento.
Por lo tanto, la CEPAL recomiendó implementar políticas públicas con un enfoque de derechos y una mirada integral que rompa las barreras de acceso a los servicios sociales.
“En atención a todo lo anterior, y para avanzar en las políticas públicas dirigidas a reducir la desigualdad, es imprescindible considerar las especificidades y desigualdades asociadas al territorio como una variable central para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas sociales”.
Además pidió considerar la participación de las distintas comunidades, sujetos y actores que habitan ese territorio en los procesos de gestión, así como generar políticas activas para disminuir la heterogeneidad estructural de la oferta de servicios públicos derivada de las brechas de institucionalidad y recursos que afectan particularmente a las localidades más rezagadas.
Sin Embargo