El secretario Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsará una “política integral” que permita reducir el mercado ilegal, mermar el poder del crimen organizado y disminuir la violencia en el caso del uso de la mariguana.
Al cerrar los trabajos del Quinto Foro Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana realizado en el Palacio de la Minería, el funcionario dijo que el gobierno le apuesta a soluciones integrales a partir de la corresponsabilidad y la colaboración entre poderes.
Por ello, afirmó que la decisión que se tome sobre el uso de la mariguana será a partir de una visión conjunta que indique el rumbo que debe seguir el país, posición que el gobierno mexicano llevará a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) que se realizará a finales de este mes.
Dijo que con base en las conclusiones de los cinco foros realizados y con las iniciativas del Senado, la Cámara de Diputados y entidades federativas en el tema, se fijará la postura sobre el uso comercial y lúdico de la mariguana.
Explicó que se buscará “impulsar una política integral, que distinga entre los daños que generan la producción y el tráfico, de aquellos que pudieran asociarse específicamente al consumo”.
Osorio Chong destacó que se requiere contar con instrumentos para desincentivar el consumo y ofrecer a quienes sufren adicción la atención que requieren garantizando un marco de derechos y libertades que no pone en riesgo la salud y la seguridad de la población.
Precisó que es necesario reconocer que la violencia que se genera en torno a la mariguana tiene que ver más con la producción y el tráfico dirigido a países de alta demanda, que con el consumo individual.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, señalaron la necesidad de cambiar la actual política de lucha contra las drogas que solo ha generado más violencia y muertes.
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se pronunció porque los medicamentos que contengan cannabidiol, como los que se encuentran ya en el mercado, estén al alcance de la población que lo requiera, sin la necesidad de llegar a un juicio de amparo para tener acceso a la salud.
Recordó que ya en diciembre pasado se envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud para permitir su uso sin tener que acudir a un juicio de garantías.
Antes, en el debate, el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont criticó la ley prohibicionista del uso de la mariguana y la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra los narcotraficantes.
Al celebrarse el quinto foro de Debate Internacional sobre el Uso de la Mariguana, el exfuncionario del PAN durante la administración de Felipe Calderón manifestó que hay una enorme ambigüedad social en el orden ético y político en un tema sobre la regulación de la mariguana.
De ahí que propuso detener o cambiar la política actual contra las drogas que sólo ha generado el incremento de la violencia y la continuidad en el consumo.
“Si no partimos que las decisiones de restricción que se pueden adoptar democráticamente sobre las opciones personales en el uso de sustancias que no son inocuas, que representan un riesgo personal o para terceros, de cuáles son los enfoques correctos, y se parte de un enfoque absoluto que aparte está altamente criminalizado, acabamos no solucionando el problema”, afirmó el panista.
Gómez Mont fue titular de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Calderón, quien declaró la guerra contra el narcotráfico usando como eje principal el uso de las fuerzas armadas y de la policía. Esto, destacó el abogado, derivó en el involucramiento de sus elementos en desapariciones forzadas de personas, corrupción y un elevado número de muertos ligados al narcotráfico.
“Poner a nuestras fuerzas de seguridad a apoyar una prohibición que no tiene un respaldo social y político claro es un tema que afecta a nuestras fuerzas de seguridad, que las pone a regular zonas grises en donde muchos entran en el riesgo de la corrupción”, manifestó en el foro realizado en el Palacio de Minería de la ciudad de México.
Por su parte, Rubén Aguilar, quien fue vocero del expresidente Vicente Fox, manifestó que el gobierno de Enrique Peña Nieto debería cambiar la estrategia de combate
antidrogas, ante el crecimiento del número de muertos en su sexenio y rebasar los que hubo con Felipe Calderón.
Rubén Aguilar advirtió que la estrategia militar y policiaca no ha funcionado porque
“ni redujo su consumo ni su producción y sí aumentó la violencia y la muerte”.
En este sentido, confió en que el gobierno de Peña Nieto comprenda el fracaso de esta política y realice cambios, “se niegue al paradigma prohibicionista y que la posición del Gobierno de México en la Asamblea de la ONU sostenga, en razón de la autoridad moral que le dan los muertos, el cambio del paradigma”.
En abril habrá de realizarse una sesión especial de la ONU sobre el tema de las políticas prohibicionistas contra el uso de las drogas. México será uno de los principales ponentes. Ahí serán llevadas las conclusiones y acciones que decida tomar el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el tema de la legalización del consumo de la mariguana con fines lúdicos.
En el quinto foro realizado en el Palacio de Minería, se llevaron a cabo varias mesas de discusión. En la mesa “Seguridad Ciudadana” el reconocido sociólogo Luis Astorga, pidió ser cauto y establecer una política de prevención y, de esa manera, evitar los efectos “indeseables” de una eventual legalización de la mariguana en México.
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó varias preguntas que, dijo, deberán ser contempladas si el Estado mexicano asume el control de la producción, comercialización y venta de la mariguana.
“Si el Estado sólo establece las reglas del juego y vigila su cumplimiento, ¿las otras bases del circuito económico quedan en manos de la iniciativa privada o de empresas de inversión mixta?, ¿las licencias serían sólo para pequeños y medianos productores?, ¿dónde se cultivaría y cuántas personas serían necesarias?, ¿qué hacer con los cultivadores?, ¿serían desplazados?, ¿qué alternativas de trabajo habría para ellos?, ¿Cómo evitar la sobreproducción y el desvío de una parte de lo producido al mercado ilegal de Estados Unidos?”