La Secretaría de la Contraloría y la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), firmaron convenios de colaboración en materia de Fiscalización y Capacitación a fin de lograr una mayor coordinación y mejora en la capacidad profesional y de servicio de los funcionarios públicos.
Dichos convenios se celebraron en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que tiene como una de sus premisas el establecimiento de mecanismos de coordinación entre diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, entidades federativas, municipios, así como el establecimiento de las bases del Sistema Nacional de Fiscalización.
Durante su intervención el auditor superior, Rafael Castillo Vandenpeereboom señaló a Querétaro como el único estado del país que constituyó en tiempo y en forma la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que dijo, es un incentivo para la administración pública queretana, buscar no solo tener servidores públicos capacitados sino certificados; e invitó a los asistentes a aprovechar todas las instancias que ofrezcan capacitaciones en materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, entre otros tópicos, para seguir avanzando en la formación de cuadros de primer nivel, a fin de fortalecer el trabajo unido entre las dos instancias encargadas de la auditoría en el estado.
Por su parte, el contralor Alfonso Chávez Fierro resaltó las bondades de los convenios signados, cuya premisa es tener una mayor eficiencia en fiscalización para optimizar las funciones y evitar los retrasos entre las instancias fiscalizadoras -ESFE y la Contraloría-, y consensuar los mismos criterios, presencia y procedimientos, de manera conjunta con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, por lo que señaló a los presentes la importancia de adherirse a las normas profesionales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.
Asimismo invitó a los funcionarios asistentes a ir más allá de la eficiencia profesional y laboral y buscar, sobre todo, la optimización y la eficacia de la ejecución de los recursos de las entidades públicas: “recordemos que un peso mal aplicado se traduce en un apoyo no entregado, en una clase no impartida o en la cobertura de algún programa público no ejercido; la obligación de los servidores públicos es también asegurarse de que proveamos mayores bienes, mayores servicios, con una mayor calidad y oportunidad, que es finalmente el motivo principal de los convenios celebrados entre ambas instancias.”