El Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Alejandro López Franco, inauguró la Primera Conferencia Estatal de Mejora Regulatoria, dirigida a los enlaces de los 18 municipios, a fin de vincular a todos los ayuntamientos de la entidad con esta política pública que consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, que generen instituciones eficaces para su creación y aplicación.
El Contralor señaló que “es indispensable una mejor regulación en el orden de gobierno para alcanzar un desempeño económico favorable y recordó que dicha implementación tiene su antecedente en octubre de 2014 cuando la Conferencia Nacional de Gobernadores, aprobó impulsar la Agenda de Mejora Regulatoria para incrementar la productividad en las entidades federativas”.
Informó que “actualmente Querétaro registra numerosos avances en la implementación de instrumentos de mejora regulatoria que han permitido posicionar a la entidad entre los más dinámicos en materia de política de mejora del marco regulatorio”.
Durante la conferencia fueron abordados tópicos como el Esquema Institucional o Programa de Mejora Regulatoria, que es un instrumento de medición y evaluación, para obtener una agenda común que permita homologar los criterios de actuación en los 18 municipios, así como el Registro Estatal de Trámites y Servicios, Sistema de Apertura Rápida de Empresas, y la Cultura de Calidad.
La titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, María de los Ángeles Pérez Rojas, dijo que “actualmente Querétaro ocupa el lugar 28 en cuanto a su marco institucional para promover la política de mejora regulatoria”, y comunicó que los 18 municipios del estado de Querétaro promueven acciones que incentivan la homologación de formatos únicos y plazos estandarizados para la emisión de trámites hacia la sociedad y el sector empresarial.
Abundó que con la instalación de módulos SARE (Sistema de Apertura Rápida De Empresas), en los municipios del país, se está facilitando a los empresarios la apertura de un nuevo negocio de bajo riesgo entre 1 y 3 días: “el tiempo de resolución – subrayó-, es aquel que tarda una dependencia en dar respuesta a un trámite o servicio y el cual debería coincidir con el que marca la Ley”; detalló que el plazo de respuesta de un trámite se desglosa en 7 actividades intra-gubernamentales que puede realizar la dependencia como son la revisión de requisitos, análisis técnico, inspección, análisis interno, resolución, elaboración de oficio de respuesta y validación oficial.
Relacionó el costo social actual de la tardanza de una resolución de los trámites con el PIB e indicó que “en el mejor escenario, si los trámites en promedio tardaran solo cuatro días y considerando que al día se realizan diez mil trámites, el costo social promedio, es de cerca de tres millones de pesos, lo que implica un costo anual de casi 250 mil millones de pesos, además de que la persona interesada, deja de producir por la espera de la resolución de la autoridad”.
Finalmente el Contralor Estatal, enfatizó que “para la CEMER y la Contraloría, es de suma importancia establecer los lineamientos básicos que deben perseguirse en la elaboración, publicación y actualización del registro de servicios, mismo que de manera coordinada se documentan y emiten con las diferentes dependencias que conforman la administración pública estatal y municipal”.
Entre los asistentes se contó con la participación de Ramón Archila Marín, Director de Área de Análisis de Impacto Regulatorio de la COFEMER, y de los consultores Miguel Ángel Saavedra Rivera y David Raunel Reyes Domínguez, consultores en la materia.