La Cámara de Diputados enfrenta el desafío de analizar, discutir y votar más de 50 leyes en las materias de telecomunicaciones, energética y electoral durante los últimos 23 días del actual periodo ordinario, siempre y cuando las iniciativas sean puestas a su consideración antes del 30 de abril.
Los diputados federales agotaron el segundo mes del periodo de sesiones con un total de 19 dictámenes votados y aprobados, pero solo una legislación secundaria resuelta: la de la Ley Federal de Competencia Económica.
De acuerdo con el seguimiento mensual de MILENIO Diario al desempeño de los legisladores en el Palacio de San Lázaro, la efectividad para dictaminar las iniciativas presentadas fue de 17.11 por ciento durante marzo, mientras el rezago en comisiones llegó a mil 826 proyectos pendientes de análisis.
El porcentaje de rendimiento en la Cámara de Diputados el mes pasado fue el más bajo desde noviembre anterior, debido a la desaceleración en el ritmo de las reformas.
Aunque las fracciones de las tres principales fuerzas políticas marcaron como prioridad de sus respectivas agendas la discusión y aprobación de las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, energética y política electoral, el Ejecutivo ha presentado hasta ahora solamente el primer paquete, además de la ya aprobada Ley Federal de Competencia Económica, mientras los partidos políticos hicieron públicas sus propuestas de legislación política y electoral.
Cualitativamente, los diputados federales resolvieron, entre los 19 dictámenes votados en marzo, dos considerados también como de alta prioridad para las bancadas: la Ley de la Pensión Universal para Adultos Mayores y el Seguro de Desempleo, así como la Ley Federal de Consulta Popular.
La primera deriva del paquete de reforma hacendaria presentado por el gobierno federal en septiembre de 2013, en tanto la segunda reglamenta la reforma constitucional en materia política electoral aprobada en 2012.
De igual forma y en un procedimiento exprés, los legisladores votaron y aprobaron en la última sesión de marzo un proyecto de reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte para castigar hasta con 4 años de prisión a quienes incurran en actos de violencia en los estadios.
Ello, en respuesta a la agresión tumultuaria de aficionados del equipo de futbol Chivas del Guadalajara a una decena de elementos policiacos en la tribuna del estadio Jalisco.
El pleno de la Cámara de Diputados mantuvo en marzo un promedio inicial de asistencia a las sesiones cercano a la media de 60 por ciento durante la legislatura (alrededor de 300 legisladores), y de más de 80 por ciento al momento de las votaciones (alrededor de 400).
Milenio–