El gobierno de Trump argumentó que debido a que los estados no son los administradores de los centros de detención federal, ellos quieren establecer sus propios estándares para satisfacer los requisitos judiciales de que las instalaciones cuenten con los permisos necesarios.
Indicaron que las instalaciones serán auditadas y sus resultados serán publicados. Pero a los abogados del Acuerdo Flores les preocupa que ya no puedan inspeccionar las instalaciones, y de que el gobierno trate de evadir los delicados requisitos estatales.
CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR
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