La Cámara de Diputados aprobó la reforma de ley que incluye a los integrantes de los ayuntamientos como responsables por violaciones a la Constitución, en particular por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, informó el Diputado Federal, Marcos Aguilar Vega.
El dictamen avalado con la unanimidad de 437 votos, y devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, informó el panista tras precisar que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental en el sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero Estado de derecho.
Marcos Aguilar Vega expresó que México ocupa el lugar 106 de 177 países registrados en la OCDE, en materia de percepción en corrupción.
“Es un tema muy importante y trascendental, por lo que es una de las reformas estructurales que le hacen falta al país”, manifestó.
Sin embargo, indicó que esta reforma no es suficiente, pues se requiere discutir un nuevo modelo anticorrupción y advirtió que la minuta no da respuesta a la problemática que tiene México en esta materia.
Hoy existe una gran oportunidad para dar paso a una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, a un Consejo Nacional para la Ética Pública y a un nuevo Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas, añadió.
Es fundamental que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales, los utilicen con eficiencia, economía, transparencia, honradez y exclusivamente para los fines que les son propios.
Detalló que con esta reforma los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos serán responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales, ya que la función pública del gobierno se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.
Además de los integrante de los ayuntamientos, también los gobernadores, los diputados locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por la “aplicación indebida” de fondos y recursos federales.
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