El presidente Andrés Manuel López Obrador busca que la subcontratación de personal quede prohibida en el país.
Su iniciativa, enviada ayer a la Cámara de Diputados, incluye sanciones, económicas y de prisión, para los empleadores que incurran en esta práctica asociada al delito de defraudación fiscal.
Si bien el outsourcing se aplica de forma legal en México desde 2012, la reforma propone ajustar el Código Fiscal de la Federación para castigar con hasta nueve años de cárcel a quienes evadan el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE mediante la subcontratación.
La propuesta establece prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza y la posibilidad de agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad.