Familiares de víctimas exigieron a las autoridades estatales que se aplique la justicia en las investigaciones de desaparecidos en la entidad, ya que el Estado ha sido omiso en la búsqueda de las personas; además, expusieron su oposición a la propuesta de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares que se analiza a nivel nacional.
Los familiares acudieron a la Universidad Autónoma de Querétaro, a raíz de la invitación de los alumnos de la asignatura “El enfoque comunitario en la prevención de la violencia y la promoción de prácticas democráticas”, de la Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; dicha materia está a cargo de la Mtra. Patricia Westendarp Palacios.
A esta charla, acudieron Yadira González Hernández, José Ugalde Mejía y María Cruz de Leónmiembros de la organización “Desaparecidos Justicia A.C” quienes presentaron un panorama sobre el fenómeno de la desaparición en la entidad y compartieron con universitarios el cómo se lucha por reconstruir el núcleo familiar a raíz de eventos traumáticos como estos.
Dicha asociación surgió en 2009 y actualmente agrupa a 45 familiares de personas que han desaparecido en Querétaro y en otros estados. La fundadora de este grupo es Brenda Ivonne Rangel Ortiz, cuyo hermano desapareció en Coahuila.
“Empezamos a reunirnos por esta necesidad de ser escuchados y de que esta problemática tan grave, que cada vez incrementa más sus cifras, sea atendida en Querétaro”, denunció González Hernández.
María Cruz de León – cuyo hijo desapareció en septiembre de 2013– detalló que se han unido a esta asociación para hacer frente al vacío que se encuentra en el tema de justicia en el país, “sabemos que tenemos muchas leyes pero todas creadas por personas que no conocen el tema, que ni lo viven ni lo sienten, no toman en cuenta la necesidad de las familias. Nuestra lucha es para que tengamos leyes que obliguen a las autoridades a buscar a las víctimas y traerlas a casa”, puntualizó.
Por su parte, José Ugalde Mejía, explicó que existen madres de víctimas que viven al día con un sueldo de 800 pesos semanales y con su hijo desaparecido, sin pareja y con tres hijos más; para ellas, sus circunstancias duplican la dificultad de encontrar a su familiar.
“El dolor te impide trabajar; queremos que no haya ni uno más; queremos que esa fotografía de desaparecidos en Querétaro se acabe, pero necesitamos su apoyo, que todas las víctimas tanto en el estado, como a nivel nacional, regresen a casa y estamos luchando para que las leyes sean justas”, externó.
Por su parte, Yadira González abordó la propuesta de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares –que está en proceso de aprobación– la cual, “la mayoría de las organizaciones queremos quitarle la etiqueta, pues desaparición es la acción de desaparecer: nadie lo hace voluntariamente”.
Los familiares concluyeron que cuando una persona es víctima en México, además del desgaste económico, reciben una limitada protección legal pues el término de desaparecido no existe, sólo vivo o muerto; situación que complica el estatus de la víctima ante el Ministerio Público, órgano que recomienda- en la mayor parte de los casos- firmar el acta de defunción, generando con ello el cierre de la investigación.