¿QUÉ SE PUEDE SOMETER A UNA CONSULTA POPULAR EN MÉXICO?
El plebiscito consiste en la “Consulta hecha directamente al pueblo para que resuelva lo que considere más conveniente respecto a la solución de un problema político de trascendental interés o sobre la aprobación o repulsa de determinados actos de sus gobernantes” (De Pina, 2007), lo que implica que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de forma personal y directa.
El plebiscito es una manifestación directa de la soberanía del pueblo. En nuestro país, el mecanismo de participación para que los ciudadanos puedan expresar su opinión de forma directa a través de la emisión de su voto, respecto de temas de trascendencia nacionalse llama consulta popular.
Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 35 fracción VIII, el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos para votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.
Derivado de dicho numeral se creó la Ley Federal de Consulta Popular, la cual establece el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular.
Este ordenamiento jurídico señala que existe trascendencia nacional cuando, el tema a consultar repercuta en la mayor parte del territorio nacional, y que impacte en una parte significativa de la población.
Existen límites en cuanto a los objetos de consulta popular, no se podrá someter a una decisión popular:
- La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;
- La constitución del pueblo mexicano en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;
- La materia electoral,
- Los ingresos y gastos del Estado,
- La seguridad nacional y
- La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
La consulta popular es un mecanismo innovador para nuestro país, que permite a los ciudadanos emitir su opinión de forma directa, restringido en materias específicas pero de fundamental importancia para la población que pretende participar de forma directa en la toma de decisiones.
Es un cambio trascendente y esperemos que impactante en la construcción del Estado de Derecho, es una figura reclamada durante muchos años por la ciudadanía responsable y preocupada por emitir su opinión informada que sume a la estructura democrática.