El estado de Querétaro se sitúa en la primera posición del ranking nacional de combate a la corrupción en sus instituciones de procuración de justicia y seguridad, de acuerdo al estudio “El Índice de Estado de Derecho 2018” elaborado por Word Justice Project en torno a las perspectivas y expectativas de las personas en su vida cotidiana.

El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye con datos primarios, que involucra a ciudadanos, gobiernos, donantes, empresas, y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

Derivado de dicho estudio y aunado a la obtención del primer lugar en el ranking nacional de progreso en consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Querétaro también alcanzó la primera posición en investigación eficaz en el esclarecimiento de hechos, tomando en cuenta que la Fiscalía tiene una tasa de resolución o determinación de carpetas de investigación superior al 80 por ciento.

En el rubro de índice del Estado de Derecho la entidad obtuvo la tercera posición a nivel nacional, lo que se traduce en que es uno de los tres estados de la República Mexicana mejor posicionados en transparencia gubernamental, rendición de cuentas, reducción efectiva de la corrupción, protección a las personas de injusticias y respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Los ocho factores que se evaluaron para asignar puntajes y rankings en el país fueron: justicia penal, justicia civil, orden y seguridad, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, límites al poder gubernamental, gobierno abierto y cumplimiento regulatorio.

De igual forma, la entidad alcanzó la tercera posición a nivel nacional en el lineamiento de respeto y privilegio de los Derechos Humanos, favoreciendo las políticas públicas transversales que se han impulsado a través del Programa Estatal de Derechos Humanos.

Es importante mencionar que el estudio elaborado por World Justice Project está avalado y respaldado por el Banco Mundial, INEGI, Instituto de Justicia Procesal Penal, Transparencia Mexicana, México Evalúa, IMCO, Coparmex, Centro de Investigación y Docencia Económicas, University of Illinois, University of Texas at Austin y University of San Diego, entre otras.

 

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